Dedicado a l@s que creen y trabajan en la escuela pública

Sin palabras... Felices Fiestas.

Las limpiadoras de los IES de Valdemoro llevan un mes sin cobrar

Las trabajadoras del servicio de limpieza de los IES Villa de Valdemoro y Maestro Matías Bravo no han cobrado el mes de noviembre, esta situación es un nuevo indicativo de que las denuncias sobre recortes y falta de financiación de la enseñanza pública madrileña, incluídos los servicios en ella implicados, son totalmente ciertas y no como se intenta vender desde la Consejería de Educación.

Las trabajadoras de ambos centros pertenecen a empresas privadas que realizan el servicio de limpieza por concesión desde el departamento de Lucía Figar. Todo indica que las empresas no han recibido dinero por parte de la Consejería y, por lo tanto, han dejado de pagar a sus empleadas. La situación se complica en el caso de las trabajadoras del IES Villa de Valdemoro ya que el contrato de la empresa con la Consejería finaliza este mismo mes de diciembre, en el caso del IES Maestro Matías Bravo se piensa que el contrato finalizaría al concluir el curso académico (mes de junio) aunque esto no está del todo confirmado.

Las trabajadoras del IES Avalón no están en esta situación ya que dependen directamente de la Comunidad de Madrid.

"Publicidad" en 20 minutos

Esta es la información que el profesorado de Alcorcón ha elaborado para que se publicara en 20 Minutos. La aportación económica que han realizado para incluir el documento en la edición del periódico del 14 de diciembre ha merecido la pena.

¡Vamos a despedir el trimestre como se merece!

        Porque hay 100 MOTIVOS para luchar, uno por cada uno de los días de lucha que llevamos en                  defensa de la escuela pública.

Porque MIENTEN como desde el primer día y siguen MINTIENDO.

       Porque SIGUEN LOS RECORTES en los Institutos de la pública.

 Porque NOS QUITAN LO DE TODOS para dárselo a unos POCOS. 

  
       Quizá por eso sus “amigos” les premian.

Porque, ¿ésta es la enseñanza de calidad para todos?           

        Porque la MAREA VERDE no para de crecer.

Y porque este imparable movimiento social tiene futuro con grandes INICIATIVAS.

         Y por nuestro sueño de una Escuela Pública de tod@s para tod@s:

Manifiesto de la Plataforma Regional por la Escuela Pública

MANIFIESTO POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN EL MARCO CONSTITUCIONAL

Considerando que la Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la 

seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama 

su voluntad de, entre otras cuestiones, garantizar la convivencia democrática dentro de 

la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo (Preámbulo de 

la Constitución Española). 

Considerando que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son 

inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de 

los demás son fundamento del orden político y de la paz social (Art. 10.1). 

Considerando que los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social  (Art. 14), y que tenemos los mismos 

derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado (Art. 139.1). 

Considerando que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para 

que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales 

y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social 

(Art. 9.2). 

Considerando que los poderes públicos deben promover las condiciones favorables 

para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y 

personal más equitativa (Art. 40), realizando, mediante el gasto público, una asignación 

equitativa de los recursos públicos (Art. 31.2). 

Considerando que están reconocidos y se deben proteger, entre otros, los siguientes 

derechos: a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones 

mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción  (Art. 20.1); a 

reunirse de forma pacífica sin necesidad de autorización previa  (Art. 21.1); a asociarse 

(Art. 22.1); a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes  (Art. 23.1); a sindicarse libremente  (Art. 28.1); a la huelga de los 

trabajadores  (Art. 28.2); a la negociación colectiva laboral  (Art. 37); y, por supuesto, a la 

educación de todos (Art. 27.1). 

Considerando que la educación debe tener por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 

derechos y libertades fundamentales  (Art. 27.2), y que los poderes públicos deben 

garantizar el derecho de todos a la educación mediante una programación general de 

la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados (Art. 27.5).   

Considerando que los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos deben 

intervenir en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración 

con fondos públicos (Art. 27.7); que los poderes públicos deben promover las condiciones 

para la participación libre y  eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, 

económico y cultural  (Art. 48); y que los sindicatos de trabajadores contribuyen a la 

defensa y promoción de los intereses económicos y sociales (Art. 7). 

Considerando que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución 

y al resto del ordenamiento jurídico (Art. 9.1), y que la Administración Pública debe servir 

con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de 

eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con 

sometimiento pleno a la ley y al Derecho (Art. 103.1). 

Considerando que todos los españoles tenemos el derecho de petición individual y 

colectiva (Art. 29.1), y que es necesaria la audiencia de los ciudadanos, directamente o a 

través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento 

de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten (Art. 105.a). 

Las organizaciones que formamos parte de la Plataforma Regional por la Escuela 

Pública consideramos que el Derecho a la  Educación de todos los ciudadanos está 

cuestionado seriamente en la Comunidad de Madrid y puesto en peligro por la política 

educativa desarrollada por el Gobierno Regional y su Consejería de Educación y 

Empleo, quienes han generado un conflicto social de gran magnitud que parece 

irresoluble por su negativa al necesario diálogo entre las partes y su rechazo a la 

búsqueda de soluciones consensuadas en  defensa del bien común de la ciudadanía 

madrileña y, muy especialmente, de los intereses y el futuro del alumnado. 

Por ello, dichas organizaciones, exigimos un cambio inmediato y radical en las formas 

de actuación del Gobierno Regional y de su Consejería de Educación y Empleo, y la 

apertura de un proceso de diálogo, consenso y negociación con todos los sectores 

afectados a través de sus legítimos representantes. 

Y reclamamos que, en estas fechas, además de los discursos  institucionales de 

alabanzas hacia nuestra Carta Magna, a la vez, se deje de ignorar, menospreciar y 

vulnerar  su  contenido.  La  única  manera  de  respetar  y  acatar  la  Constitución  Española 

es aplicarla fielmente en los actos diarios  que desarrollen los poderes públicos y la 

ciudadanía. 

Madrid, 5 de diciembre de 2011                        www.escuelapublica.org